CIRCO MAROMA Y TEATRO

artículos 6 y 8° de la CONSTITUCIÓN MEXICANA: EL DERECHO DE PETICIÓN Y DE INFORMACIÓN QUE TIENE TODO MEXICANO.
parte I

Los sistemas democráticos se sustentan en el principio de la soberanía popular, que establece que el poder supremo dentro de un territorio delimitado reside en el pueblo. Este ultimo, en un ejercicio de responsabilidad, elige libremente a sus gobernantes y representantes, quienes, a su vez, tienen la obligación de velar por los intereses del pueblo que los eligió y la preservación de la soberanía que les ha sido encomendada.

Así quedó establecido en el artículo 3° de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, y así se plasma en la legislación mexicana en el artículo 39 de nuestra Constitución «la soberanía nacional reside esencialmente y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo el tiempo el inalienable derecho de alterar y modificar la forma de su gobierno. En resumen, no existe poder público que no tenga por fuente al pueblo mismo.
Si el pueblo tiene el derecho de gobernarse, también recibe la enorme responsabilidad de controlar el poder público y de exigir constantemente que gobernantes y representantes cumplan con su obligación de defender los intereses populares y la soberanía nacional. Este deber queda consignado, de 1978, en el artículo 15 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. «La sociedad tiene el deber de pedir cuentas de su administración a todo funcionario público».

Para poder y ejercer responsable y eficientemente este derecho y este deber, los ciudadanos debemos estar informados, debemos conocer a nuestros gobernantes y representantes y entender sus atribuciones y limitaciones, debemos saber las funciones que desempeñan y a la organizaciones a las que pertenecen; debemos estar al tanto DE LOS PRESUPUESTOS ASIGNADOS Y DE LA MANERA EN QUE LOS EMPLEAN, DEBEMOS SABER CUANTO GANAN Y LOS SUELDOS QUE PERCIBEN POR SU FUNCIÓN. deben en suma, tener los elementos que permitan ejercer un control sano y respetuoso del poder público, basado en información cuya veracidad esté certificada por un funcionario………..

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